La Corte de Apelaciones de La Serena se convirtió en el segundo tribunal a nivel nacional en acoger a trámite un recurso de protección interpuesto en contra de la Convención Constitucional, tras considerar que ha actuado por sobre la Ley.

Un plazo de 8 días tendrá la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, para emanar un informe respecto a la votación del reglamento de este organismo y la implementación del plebiscito dirimente.

Esto último, luego que la Corte de Apelaciones de La Serena declarara admisible un recurso de protección por parte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos.

El recurso, que estima una posible vulneración de los derechos constitucionales en el reglamento de la Convención, fue interpuesto el 5 de noviembre por el abogado Rodrigo León, en representación de 40 habitantes de la región de Coquimbo, que forman parte de esta coordinadora.

La agrupación ha interpuesto diversos recursos, sobre esta misma materia, en distintas cortes del país, de las cuales Valparaíso lo declaró admisible, mientras que las cortes de Temuco y Santiago los rechazaron.

El escrito señala que el órgano constituyente encargado de redactar la nueva Carta Fundamental, “en forma ilegal y arbitraria nos han privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de nuestras garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y de no ser discriminado arbitrariamente por ley o autoridad alguna, y del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”.

Acusan modificaciones inconstitucionales

La Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que en su página web se define como un grupo de ciudadanos que velan por un buen proceso constitucional que respete las reglas y las libertades, ha generado varias campañas relacionadas con la redacción de la nueva Constitución.

Una de ellas es la propuesta por la libertad de enseñanza, que espera conseguir 15 mil firmas para que sea considerada en la convención y también “Abogados por Chile”, que reúne a la Agrupación de Abogados por la Libertad y la Democracia, quienes han sido los encargados de interponer los diferentes recursos en el país.

El recurso solicita que se declare la nulidad del Reglamento General de la convención y la nulidad de votación que estableció el plebiscito dirimente.

Para ello se argumenta que la Ley 21.200 que estableció la Reforma Constitucional para la instalación de la convención, indica en su artículo 133, que esta entidad debe aprobar las normas y el reglamento por un quorum de dos tercios, sin poder modificar este quorum para procedimientos y adopción de acuerdos.

Además, agrega que mientras se redacte la nueva Carta Magna, la actual constitución sigue vigente y la convención no puede negarle autoridad o modificarla.

Cuestionan los plebiscitos dirimentes

Sin embargo, la Convención con fecha 14 de septiembre decidió, por voto mayoritario, que el reglamento del organismo se votará por mayoría simple e incorporó la figura de los plebiscitos dirimentes en las normas en las que el pleno no llegue a acuerdos, pero que alcancen una aprobación de dos quintos.

Estos plebiscitos, para la agrupación de abogados de la corporación, no están permitidos por la actual constitución y la Convención no tendría facultades para su creación.

Al establecerlos, ha hecho caso omiso al mandato que le fue otorgado, al infringir la Constitución Política de la República y la convierten en un “suprapoder” que establece y ordena acciones a otros poderes del Estado y que no actúa bajo las normas que rigen a todos los chilenos, indican.

Respecto a esta situación, el convencional RN Roberto Vega, señaló que el acoger a trámite el recurso por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena y Valparaíso, refleja el derecho al debido proceso y ser escuchados.

Convencional Vega cuestiona plebiscitos dirimentes

En ese sentido, señaló que, hasta ahora, en la convención no se ha discutido este tema y solo se han enterado por la prensa.

Por ello, espera que la presidenta, Elisa Loncón, abra el diálogo y no sólo escuche “a un grupo cercano” para esclarecer estas situaciones y poder mejorar el proceso.

Vega, agregó que los plebiscitos dirimentes son “abiertamente contrarios a lo que está establecido y lo que los chilenos votaron en el plebiscito. Es una forma de saltarse la norma de los dos tercios y bajar el quorum, delegando una función establecida a los convencionales a un plebiscito que no está establecido por ley”, agrega.

Por lo mismo, a su juicio esto podría solucionarse incorporando en el plebiscito de salida -que se realizará tras la redacción de la Carta Magna- ciertas temáticas importantes para la ciudadanía, como la plurinacionalidad. Propuesta que presentarán en los próximos días.

Convencional Calvo destacó seriedad del trabajo de la Convención

Por su parte, el convencional independiente Carlos Calvo, señaló que la Convención Constitucional es un organismo autónomo que “trabaja con bastante seriedad y a pesar de que hay ciertas agrupaciones que ven situaciones anómalas, yo no las he visto y votamos a conciencia”.

Agrega que, por ahora, la convención sigue en discusión de comisiones y paralelamente se están presentado las iniciativas populares en la plataforma, que requieren de 15 mil firmas de apoyo para que sean incluidas y discutidas en el Pleno.

Respecto a los recursos interpuestos en distintas regiones de Chile, Calvo señala que “nosotros somos autónomos, vamos a crear una nueva constitución y no tenemos limitaciones, excepto los convenios internacionales firmados por Chile. Por tanto, se pueden presentar todos los recursos y demandas a la corte”, concluyó el convencional.

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